Sujetar a un país y someterlo a la mordaza de las cúpulas partidarias viene siendo la tarea superlativa del liderazgo de la República Dominicana. El poder político ha transmutado la administración de los bienes públicos en una autonomía con carácter marcadamente personalista. Quienes gobiernan bajo este esquema administran a su libre albedrío, apropiándose de los recursos que constitucionalmente pertenecen a todo el Estado.

Esta preocupante realidad se traduce en un costoso engranaje democrático financiado enteramente con el dinero de los contribuyentes dominicanos. Por ejemplo, durante la última década, las organizaciones políticas del país han absorbido millones de pesos del erario, según reportes del sector analítico del país y esta descomunal inyección de capital público perpetúa una estructura partidaria voraz que prioriza la supervivencia de siglas por encima del bienestar social genuino.

La repartición discrecional de la riqueza nacional no se detiene ni siquiera durante los períodos en que no se celebran comicios. Para dar constancia de esta alarmante asignación presupuestaria, la Junta Central Electoral (JCE) autorizó la entrega de 1,620 millones de pesos para las agrupaciones vigentes. El debate ciudadano se aviva al constatar cómo el financiamiento fluye de igual forma hacia 41 organizaciones políticas, incluyendo facciones con nulo respaldo electoral.

A pesar de que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional situó al país en el puesto 99 con 37 puntos, el optimismo sigue amenazado. Las auditorías de la Cámara de Cuentas suelen llegar a destiempo, cuando el patrimonio de los ciudadanos ya ha sido completamente ejecutado. La fragilidad de los mecanismos de fiscalización oportuna facilita que las administraciones actúen como dueñas legítimas de una franquicia.

La propuesta presidencial de recortar en un 50% la partida presupuestaria asignada a los partidos ha encontrado una resistencia feroz. Representantes de al menos 24 organizaciones políticas acudieron en bloque al órgano electoral para exigir mantener intactos sus millonarios privilegios. Esta férrea oposición demuestra que la clase gobernante concibe la administración pública como un negocio corporativo antes que como una vocación.

Desde la tribuna de CICLONOTICIAS.NET, denunciamos que el secuestro del tesoro nacional en favor del clientelismo debilita profundamente la institucionalidad democrática. No podemos permitir que el liderazgo nacional siga manejando las finanzas del Estado de forma autocrática y con absoluto desdén por la transparencia. Es impostergable imponer una rigurosa auditoría social y establecer severas sanciones legales para rescatar al país de sus secuestradores políticos.