LA OPINIÓN DE UN PERIODISTA

DR. ALBERTO CRUZ

CICLONOTICIAS.NET

Recientemente, la Junta Central Electoral (JCE) hizo un sometimiento legal a una empresa encuestadora por violacion a la ley 20-23 que trata sobre el régimen electoral y “prohíbe publicar o difundir resultados de encuestas y sondeos durante los ocho días anteriores a la elección y hasta cinco horas después del cierre de las votaciones”; sin embargo, luego encontramos que el artículo 49 de la constitución de la República Dominicana “garantiza el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio”.

Todos sabemos que la misma ley citada, sobre el régimen electoral, limita la precampaña de los partidos políticos durante un periodo determinado por la misma ley y, aún así, no ha habido forma de que la Junta Central Electoral haya sometido una agrupación política que hace campaña fuera del plazo que prescribe la normativa. Los partidos se las ingenian y siempre se han salido con la suya.

Si la constitución es nuestra ley de leyes, nuestra carta fundamental y no hay ley adjetiva que se coloque por encima de los preceptos constitucionales y, como ha sido subrayado, el artículo 49 no deja espacio a la duda con respecto al derecho a difundir información de cualquier género sin que la persona o institución pueda ser coartada en este ejercicio libérrimo, se entiende entonces que es excesivo y atropellante el hecho de que el máximo tribunal electoral pretenda coartar las encuestas, que en todo caso, no son más que un instrumento o herramienta que miden un momento circunstancial de la realidad electoral en medio de la competencia que, como se sabe, comienza el mismo día que se instala un nuevo gobierno y si a restringir vamos, ¿por qué la Junta Central Electoral no ha encarado a los partidos políticos?

La preservación de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones deben partir desde un consenso pactado entre el tribunal electoral, las agrupaciones políticas, las autoridades del gobierno de turno, el empresariado, los sindicatos y la sociedad civil para que, en un esfuerzo colectivo hagamos conciencia de lo que conviene y lo que no conviene para el pueblo de la República Dominicana. 

Es de la única manera que iremos saliendo del abismo en el que estamos sumergidos, de no hacerlo, seguiremos dando manotazos al aire y sin importar la ley 20-23 sobre el régimen electoral, navegaremos en la ola movediza que supone este Juego Político- Electoral.

Autor es Abogado y presidente del CIPROMU

Reside en Estados Unidos

Agosto 08, 2026